El ministro Ernesto Álvarez, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos del gobierno fujimorista, aseguró que las violaciones a menores perpetradas en comunidades indígenas se dan a raíz de un “origen cultural” común. Lejos de entrar a reparar en su declaración, Álvarez comparó el ‘origen cultural’ estos abusos sexuales con la misma idiosincracia que permite “pasarse la luz roja” a altas horas de la noche en la Costa. El ministro buscó explicar ambas prácticas tenían un origen cultural.
Las declaraciones del ministro llegaron en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La congresista Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) consultó sobre las medidas tomadas por el Estado a raíz de las graves denuncias hechas por mujeres, niños y niñas que han denunciado violencia sexual.
“Hay más de veinte comunidades en esa provincia y cada una tiene un Apu. El problema es que hay responsabilidad social, porque la convivencia íntima con menores no es vista como un delito, ni siquiera como una falta social. Hay un hecho cultural que hay que corregir desde la raíz”, respondió el ministro.
Ante esta declaración, Catherin Palomino (Juntos por el Perú), presidenta del grupo de trabajo, pidió al ministro corregir sus declaraciones. Fue ahí cuando Álvarez hizo la comparativa.
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«Tienen un origen cultural, es un delito abominable. Lo que pasa es que estas comunidades, al igual que nosotros en la Costa, entendemos que podemos pasar la roja –y hay muchos amigos que piensan eso–; aunque esto sea un delito. Al igual, acá hay muchos factores de índole cultural que inciden en este problema. Pero claro, son delincuentes, tengan uniforme o no, sean de carácter de pueblo indígena, sean colonos o lo que sea. Es un delito y tiene que ser tratado con dureza por el Estado y con prevención», indicó.
Un gabinete con poco tino para tratar la violencia sexual
Sobre el tema, el gabinete de Keiko Fujimori ya suma declaraciones desafortunadas. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Marón, atribuyó al Gobierno Regional de Amazonas la principal responsabilidad por los casos de violencia sexual denunciados contra menores awajún y wampís. La funcionaria sostuvo que las denuncias involucran a docentes vinculados a las UGEL que dependen de dicha administración regional.
Durante una entrevista con RPP, Seminario cuestionó la falta de respuestas concretas de las autoridades regionales frente a los reportes de agresiones. “La primera responsabilidad, y no hemos tenido respuesta de eso, es del gobierno regional de Amazonas”, afirmó, al señalar que el Ejecutivo, la Policía y el sistema de justicia no serían los principales responsables de esta situación.
Las declaraciones se producen luego de la alerta internacional por los abusos sexuales y casos de VIH registrados entre menores de comunidades awajún y wampís en residencias estudiantiles. Según la OEA, la tolerancia social frente a la violencia en estas zonas llega al 90%. Frente a ello, la ministra aseguró que su sector viene implementando acciones técnicas y cuenta con servicios de Atención Rural y Centros de Emergencia Mujer en la provincia de Condorcanqui. Asimismo, anunció que presentaría propuestas para su evaluación y eventual aprobación.
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