La Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja no solicitó que se amplíe la detención preliminar contra los ocho militares que acribillaron a los cinco jóvenes en Colcabamba (Huancavelica), el último sábado 25 de abril.

Tras vencer la detención por flagrancia, el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova salieron en libertad este lunes por la mañana.

La fiscal Zina Romero Chávez inició una investigación preliminar contra ocho militares por el presunto delito de homicidio calificado; sin embargo, todos los involucrados afrontarán el proceso en comparecencia.

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El testigo Ricardo Acuña Quispe, quien confesó ante la Fiscalía que transportó droga antes del ataque militar, también permanecerá en libertad junto con Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, los otros jóvenes que estuvieron en la camioneta y resultaron heridos.

Al respecto, el abogado Anthony Crespo, en declaraciones para Ojo Público, dijo que presentará una queja ante el órgano de control de la Fiscalía contra Zina Romero por la liberación de los investigados.

Diligencias de la Fiscalía

Las investigaciones siguen avanzando para esclarecer la ferocidad del ataque que ejecutaron las Fuerzas Armadas. El peritaje de absorción atómica practicado a las víctimas dio como resultado que ellas no realizaron ningún disparo con arma de fuego.

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Por el contrario, la misma prueba a la que fueron sometidos los militares confirma el uso excesivo de sus armas, debido a que la camioneta en la que viajaban los jóvenes presenta 60 impactos de bala en diferentes ángulos, cuyos proyectiles provienen de fusiles de largo alcance, como reveló la unidad de investigación de La República.

Según los peritos de criminalística, en la escena del crimen no hubo evidencia de intercambio de balas entre los ocupantes de la camioneta y la patrulla militar.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) sostiene que la patrulla del Ejército intervino la camioneta Toyota 4×4 porque sus ocupantes estaban vinculados a redes del narcotráfico y que hicieron uso de sus armas «en legítima defensa».