La Comisión de Mujer y Familia del Congreso sesionará de manera virtual este martes 12 de mayo a las 3.00 p. m.

La agenda consiste en el debate de cuatro predictámenes. Tres de estos documentos recomiendan el archivo de las iniciativas, mientras que uno sugiere la inhibición por falta de competencia, debido a que las propuestas coinciden con leyes ya vigentes o presentan dificultades de implementación jurídica.

El primer punto de la agenda es el Proyecto de Ley 13678, de autoría de la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani. La propuesta plantea crear un módulo público dentro del Registro Único de Víctimas y Personas Agredidas (RUVA) para exhibir datos y fotos de agresores sexuales sentenciados. Sin embargo, el predictamen negativo señala que la medida contraviene el artículo 139 de la Constitución sobre la resocialización del penado y la Ley de Protección de Datos Personales. El informe también catalogó el proyecto como innecesario, pues el intercambio de esta información ya se realiza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.

“Constituye una medida redundante que no aporta un valor agregado sustancial al sistema de prevención vigente, por lo que no supera el análisis de necesidad exigido por la racionalidad normativa, quedando desvirtuado el principal sustento de la propuesta legislativa”, se lee en el documento.

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Al respecto, en diálogo con La República, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que la Comisión de la Mujer insiste en medidas que no atacan la raíz del problema. «Hay que fortalecer los mecanismos ya existentes y dotar de presupuesto a las políticas de prevención de la violencia sexual, en lugar de normalizar la violencia o buscar soluciones que no terminan solucionando un problema que es estructural», señaló.

Asimismo, se analizará el Proyecto de Ley 13891, presentado por la parlamentaria Nieves Limachi Quispe. Esta iniciativa busca prohibir la exposición de menores de cinco años a situaciones de riesgo o hechos delictivos. El predictamen negativo concluye que la propuesta es reiterativa, ya que el ordenamiento jurídico actual, a través de la Ley 30364 y el Código de los Niños y Adolescentes, ya establece mecanismos de protección y sanciones para estas situaciones.

Según el documento, el proyecto solo expresa un buen deseo o una intención, pero no establece mandatos claros ni soluciones prácticas para la ciudadanía. Por otro lado, la iniciativa viola la Constitución al proponer medidas que generarían gastos públicos, una facultad que los congresistas no tienen, ya que solo el Poder Ejecutivo puede decidir sobre el uso del presupuesto nacional. Además, se calificó a la propuesta como ‘inoficiosa’.

“La norma declarativa está constituida por una afirmación pura y simple que constituye un mandato, sin requisitos ni supuestos previos; y tienen la particularidad excepcional de carecer de un supuesto explícito (…) Conforme al artículo 79 de la Constitución, los congresistas no están facultados para ello [generar gasto], toda vez que es competencia del Ejecutivo, en el marco de la atribución establecida en el numeral 17 del artículo 118 de la Constitución, la presentación de iniciativas que generen gasto”.

Para la especialista, este proyecto carece de una revisión profunda sobre la realidad social. «Al no distinguir entre un acto delictivo y una situación de precariedad, la ley permitiría intervenciones desproporcionadas contra familias pobres, muchas veces indígenas o migrantes, que trabajan en las calles por falta de oportunidades, criminalizando la pobreza en lugar de ofrecer soluciones», explicó Pariona a este medio.

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Por otro lado, la comisión evaluará el Proyecto de Ley 13924, impulsado por el congresista Esdras Medina Minaya, de Renovación Popular. El proyecto propone modificaciones para supervisar el régimen de visitas y fortalecer la tenencia compartida. Sin embargo, el informe de los expertos recomienda su archivo al considerar que la iniciativa es repetitiva respecto a la Ley 31595. El predictamen sostiene que la supervisión ya forma parte de las atribuciones actuales de los jueces de familia, por lo que la norma no modificaría la situación jurídica existente.

“Esta Comisión concluye que si bien el problema que expresa el proyecto de ley es real y el derecho de los niños y adolescentes al vínculo con ambos progenitores merece plena tutela estatal, la solución planteada resulta inoficiosa porque duplica funciones que el ordenamiento jurídico ya atribuye a los Equipos Multidisciplinarios del Poder Judicial, vulnera la distribución orgánica de competencias al asignar al Congreso una atribución reservada al Poder Ejecutivo en materia de organización ministerial, e interfiere en la fase ejecutiva de los procesos judiciales de familia, invadiendo la esfera exclusiva del Juez especializado”.

Pariona coincidió en que el Parlamento suele legislar sobre funciones que ya están vigentes. «El problema rebasa a iniciativas que duplican normas. Las políticas de infancia terminan siendo la última rueda del coche: no tienen presupuesto ni personal suficiente, y las soluciones no pasan por crear más leyes inoficiosas, sino por una política integral de protección social real», enfatizó.

El último tema en agenda es la evaluación del Proyecto de Ley 3679 de la congresista Katy Ugarte, el cual busca declarar de interés nacional la protección de datos personales de menores en entornos digitales. En este caso, el predictamen recomienda derivar el Proyecto de Ley a la Comisión de Justicia, ya que la propuesta está vinculada a la protección de datos personales y entornos digitales. Además, según el documento, la iniciativa de la congresista Ugarte “tienen la particularidad excepcional de carecer de un supuesto explícito y, por lo tanto, no se adecúan a la fórmula general y son dictadas como afirmaciones válidas por sí mismas”.

Sobre la falta de sustento en estas propuestas, la experta cuestionó las prioridades de la agenda legislativa liderada por Milagros Jáuregui. «Mientras otras formas de violencia contra la infancia están invisibilizadas, nos gustaría ver que la Comisión se preocupe por temas reales, como las niñas de la Amazonía que esperan justicia o la educación sexual integral para evitar embarazos forzados», sentenció.

La sesión de este 12 de mayo determinará si estos proyectos pasan al archivo o si los congresistas sustentan cambios que reviertan lo dicho en los informes.