El fiscal adjunto supremo Edward Casaverde imputó a Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, por el presunto delito de cohecho activo específico. Según el informe que Casaverde elevó al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, el periodista habría usado su vínculo con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez para dirigir el Caso Cocteles, la investigación que tuvo como principal imputada a la presidenta electa Keiko Fujimori. La acusación llega meses después de que el propio fiscal Casaverde decidiera archivar ese mismo caso.

El delito que se le atribuye a Gorriti contempla penas de cárcel de cinco a ocho años. Consiste, según la ley, en ofrecer o entregar algo de valor a un magistrado o fiscal para influir en sus decisiones. En este caso, la fiscalía sostiene que Vela y Pérez se beneficiaron con la cobertura de IDL Reporteros y que, a cambio, el medio habría recibido información reservada de investigaciones en curso.

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La base de la imputación son las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. El Ministerio Público ya había rechazado antes la colaboración eficaz que Villanueva pedía para otros hechos, porque sus versiones no pudieron ser corroboradas. En el caso de Gorriti tampoco existe, hasta ahora, evidencia que respalde la entrega de dádivas o favores.

Casaverde había archivado esta misma investigación en diciembre de 2025. En ese momento concluyó que los hechos atribuidos a Gorriti no tenían relevancia penal. Una instancia superior, tras un pedido de la Procuraduría y de un denunciante particular, le ordenó pronunciarse otra vez. En su nuevo informe, el fiscal no explica qué hecho nuevo cambió su posición.

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Lo que está en juego para la libertad de prensa

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) advirtió que la imputación pone en riesgo un principio básico del periodismo: la relación entre un reportero y sus fuentes. Para la organización, la línea editorial de un medio y el vínculo profesional entre periodistas y magistrados no pueden convertirse en delito solo por existir. Tratar como cohecho un intercambio de opiniones o de información, dice el IPYS, abre una puerta peligrosa para cualquier redacción que cubra temas judiciales.

El propio informe de Casaverde reconoce un dato relevante: admite que hubo presión mediática contra él antes de emitir su nueva posición. Sin embargo, el fiscal asegura que esa presión no influyó en su criterio. La contradicción llama la atención porque el caso pasó, en pocos meses, de archivado por falta de mérito a imputado sin que aparezcan hechos adicionales que sustenten el giro.

Vela y Pérez, los dos fiscales señalados en el informe, también fueron imputados por Casaverde. El IPYS plantea que, si en verdad hubo filtración de información reservada, la investigación debería apuntar hacia quienes filtraron esos datos, no hacia los periodistas que los recibieron y publicaron. Por esa razón, la organización pidió al fiscal de la Nación que descarte las conclusiones del informe en la parte que involucra a Gorriti.