El diputado de la bancada de Renovación Popular, Aldo Bravo, anunció el retiro del proyecto de ley que buscaba sancionar penalmente la apología al delito durante protestas sociales.

Mediante una columna de opinión en un medio local, Bravo sostuvo que su decisión será para evitar distracciones en la labor parlamentaria y concentrar los esfuerzos del país en las principales prioridades nacionales, entre ellas, reducir los efectos del fenómeno de El Niño y combatir la inseguridad ciudadana.

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El diputado explicó que tomó esta decisión después de que el presidente de su partido, Rafael López Aliaga, advirtiera que el país enfrenta problemas de mayor gravedad que demandan atención inmediata.

«Por esta razón, he decidido retirar el citado proyecto de ley para no distraer la actividad legislativa ni la agenda prioritaria del país», escribió.

Sin embargo, el congresista defendió su iniciativa y aseguró que recibió respaldo por redes sociales. «En la política, como en la vida, a veces toca cambiar el rumbo y apuntar todas las baterías hacia lo urgente, pensando en el país y dejando algunas batallas para después», dijo.

En esa misma línea, no descartó presentar nuevamente su cuestionada propuesta por los gremios de periodistas. «Se trata de ceder sin conceder. Es también una oportunidad para acrisolar esta propuesta, perfeccionarla y, cuando llegue el momento, volver a la carga», advirtió.

Gremio periodístico se pronuncia contra propuesta de Renovación Popular

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), cuestionó el proyecto de ley al considerar que contiene diversas deficiencias que podrían afectar negativamente el ejercicio de la labor periodística.

Lainez advirtió que la amplitud de los términos empleados para establecer las conductas sancionables podría ocasionar interpretaciones que restrinjan el trabajo de la prensa. Según explicó, ante la ausencia de una definición clara, incluso la transcripción de declaraciones de personas involucradas en una protesta social o política podría ser interpretada como difusión de los usos ilegales que la propuesta pretende sancionar.

“El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística. Lo primero es que usa categorías muy abiertas. El proyecto habla, desde el título, de que lo propuesto entra en contextos de crisis política. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política. Eso abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en una circunstancia para aplicar una ley de estas características. Hay regiones con conflictos sociales permanentes. Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales”, declaró.

Lainez advirtió que la nueva propuesta legislativa podría terminar criminalizando determinadas actividades que forman parte del ejercicio habitual del periodismo.

“Las categorías utilizadas son muy amplias. Si uno, como periodista, recoge declaraciones de un actor de la protesta política o social, ¿la recolección de esa declaración va a generar responsabilidades penales sobre el periodista? Eso va a ser muy peligroso”, argumentó.