En el casi mes y medio de gestión del gobierno de Keiko Fujimori, la ineficacia contra la criminalidad tuvo su primer costo político. Óscar Arriola dejó la comandancia general de la Policía frente a las críticas desde diversos sectores del Congreso y la opinión pública tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro en Trujillo.

A ello se sumó la moción de interpelación aprobada en la Cámara de Diputados contra el ministro del Interior, César Astudillo, y se convirtió en el primer funcionario del Gabinete de Luis Galarreta que deberá responder directamente ante el Pleno.

La bancada de Juntos por el Perú cuestionó su «ineptitud en la conducción de la política de seguridad ciudadana». El titular del Mininter tendrá ahora que intentar convencer a la oposición —a través de las 27 preguntas que comprenden el pliego interpelatorio— si este proceso de control político no termina en una moción de censura.

Las constantes crisis políticas en que vive el país están relacionadas directamente con la inseguridad. La expresidenta Dina Boluarte fue vacada luego de que se presentaran cuatro mociones en el Congreso para acelerar su salida del cargo.

El principal argumento se centró en la causal de permanente incapacidad moral, sustentada en la falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política por parte de la mandataria para enfrentar al crimen organizado.

Dos días antes, la agrupación musical Agua Marina había sufrido un atentado en Chorrillos que dejó cinco heridos, cuatro de ellos integrantes de la orquesta.

El rechazo frente a la inacción, en el último tramo de su gobierno, provino desde todas las bancadas del Congreso —incluso las que por meses la mantuvieron en el poder— y una fuerte presión mediática, impulsada por sectores artísticos y sociales.

El factor político de la inseguridad

¿Es la actual crisis por la inseguridad una espada de Damocles para el gobierno de Keiko Fujimori? Especialistas consultados por La República tienen opiniones divididas sobre el peligro latente a nivel político que representa para el Ejecutivo la falta de estrategia y resultados contra la criminalidad.
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza consideró que si el gobierno de Fujimori no presenta resultados dentro de los cien días, enfrentaría un problema de credibilidad y gestión, significando un desgaste político para una gestión entrante.

“Hay un déficit enorme de resultados, Creo que si a los 100 días ella no tiene nada que anunciar y no se ve que tenga algo y si no hay un inicio de algunos proyectos de inversión vinculados a la seguridad, esa situación le va a significar un desgaste político bastante prematuro. Yo tengo claro que la ciudadanía busca resultados inmediatos (…) sin embargo cuando el político explica que ya comenzó a trabajar en proyectos de inversión vinculados a la seguridad. Entonces, la ciudadanía miraría con expectativa y sabría esperar mejores tiempos, pero esta situación no la estoy percibiendo para el país y eso le va a significar una afectación a la credibilidad y a la gestión de gobierno”, precisó.

Por su parte, el exviceministro de Orden Interno, Ricardo Valdés, estimó que aún es muy prematuro cuestionar al gobierno y en su reflexión espera que desde el Ejecutivo «no tomen decisiones equivocadas» pensando en el bienestar de la ciudadanía en general.

“Es muy pronto para cuestionar el mandato de Keiko Fujimori. Yo creo que ella se ha encontrado de lleno con lo que significa manejar un país […] Una oposición por oponerse no me parece la más adecuada ni lo más recomendable para los ciudadanos en general. Yo estoy pensando en los que votaron por Keiko Fujimori y en los que no votaron por ella. Me gustaría que no tomen decisiones equivocadas. Mi análisis nace de que ellos no tienen una brújula. Están intentando cosas a través de ensayo y error, no están recurriendo a toda la información y evidencias en las diversas unidades de investigación. Le hace falta muchísima humildad al gobierno para reconocer que no tienen la solución en sus manos, les hace falta humildad para solicitar el apoyo de terceros. Pero mientras esa humildad no se ponga en práctica, van a seguir persistiendo en razonamientos radicales del uso de la fuerza que en realidad va a terminar por complicar más las cosas que por favorecerlas”, subrayó.

Asimismo, Rubén Vargas, exministro del Interior, se refirió a la interpelación que atravesará el ministro César Astudillo. Indicó que este proceso será una prueba para demostrar si existe un plan de trabajo concreto que respalde los resultados prometidos en seguridad.

“El ministro del Interior tendría que aprovechar, en el marco de su interpelación, para presentar una estrategia y,  especialmente, cómo se van a conseguir esos objetivos”, expuso.

El exministro se mostró a favor de la interpelación del Congreso y señaló que es necesario al no haberse presentado un plan claro contra la criminalidad. “Creo que es importante que exista ese control y esa fiscalización del Congreso frente a un sector en el que hasta este momento no ha mostrado una estrategia ni un norte definido para enfrentar el principal problema que genera esa zozobra y miedo en la población”.

Adelantó que espera que el gobierno se rectifique de lo mostrado en el mes y dos semanas de gestión, ya que no hay evidencia de una estrategia contra el crimen organizado o las economías ilegales; sino modelos copiados de gobiernos anteriores.

“Lo que el gobierno nos ha presentado como el Plan Escudo es más o menos la repetición de lo que se ha venido haciendo en el gobierno de Boluarte, de Jerí. La naturaleza del problema es que tenemos estructuras criminales nacionales y transnacionales […] además de una ausencia absoluta de liderazgo en la conducción de la lucha contra el crimen”, sostuvo.

Frank Casas, experto en seguridad ciudadana y crimen organizado, indicó que aunque el Ejecutivo tiene mayor respaldo en el Congreso, la presión social por la inseguridad podría dibujarle un escenario complejo.

“A diferencia de los gobiernos de Dina Boluarte y de Jerí, este gobierno tiene mayor nivel de representación. Entonces, eso le da cierto nivel de margen de estabilidad. Lo que sí vamos a ver es que no hay ‘luna de miel’ en términos de inseguridad. Y a diferencia de lo que ocurrió hace cinco o siete años, hoy en día existe capacidad de organización de la población afectada por este problema”, precisó.

Frente a ello, cuestionó las declaraciones del ministro César Astudillo sobre que la crisis se debe solo a una “percepción mediática” y sostuvo que el principal problema del gobierno radica en la ausencia absoluta de un plan definido para frenar la violencia.

“Recién están acoplándose en su puesto, todavía no se afina la capacidad de organización y eso hace que la comunicación sea bastante desordenada. (…) No hay una estrategia clara aún, eso es lo que percibe la población mientras siguen matando, siguen asesinando, siguen extorsionando”, señaló.

Hablar de una percepción es subestimar

El exministro de Defensa José Luis Gavidia cuestionó las expresiones del ministro del Interior al calificar la ola delictiva como una «percepción mediática». Gavidia rechazó ese término y aclaró que se trata de un problema de larga data y que subestimar a las organizaciones criminales impide actuar con la fuerza necesaria.

“Los medios de comunicación son los que nos ayudan a enterarnos de lo que pasa. Pero esto no es una situación nueva, venimos hace varios meses y años con esta ola de criminalidad. Hablar de una percepción mediática es subestimar a estas organizaciones. Deberíamos estar más preocupados para poder actuar con mucha más fuerza”, expuso.