La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María del Ministerio Público, a través de su Tercer Despacho, inició una investigación preliminar contra la periodista Milagros Leiva por el presunto delito de revelación indebida de identidad en agravio de un menor de edad. El adolescente habría sido víctima de violación sexual por parte de otros estudiantes de un centro educativo ubicado en San Borja.

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Katharine Borrero Soto y se conoce luego de que el Ministerio Público recordara que la legislación peruana establece la reserva de identidad de los menores víctimas de violencia. La institución señaló que la divulgación del nombre de un adolescente víctima de un presunto delito de violencia sexual vulnera las normas destinadas a proteger su intimidad, dignidad e integridad.

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Ministerio Público recuerda la reserva de identidad para proteger a menores víctimas de violencia

De acuerdo con el comunicado, la legislación establece el deber de los medios de comunicación de proteger la identidad de los menores que hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Esta obligación alcanza los casos en los que existen investigaciones por presuntos delitos y busca impedir la exposición pública de información que permita identificar a los afectados.

El Ministerio Público precisó que divulgar el nombre de un adolescente víctima de un presunto delito de violencia sexual vulnera el marco legal vigente. La institución recordó que las medidas de protección tienen como finalidad preservar derechos vinculados con la intimidad y la dignidad del menor, además de evitar una nueva afectación derivada de la exposición de su identidad.

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Fiscalía de Familia evaluará el caso y determinará las acciones correspondientes

El caso mencionado en el comunicado será evaluado por la Fiscalía de Familia competente. Según informó el Ministerio Público, esta instancia deberá analizar lo ocurrido para adoptar las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones y teniendo como referencia la protección del menor involucrado.

La Fiscalía realizará esta evaluación bajo el principio del interés superior del niño y del adolescente, señalado por el Ministerio Público como criterio de protección en este tipo de situaciones. El pronunciamiento fue difundido en Lima el 19 de setiembre de 2026, sin detallar en el comunicado cuáles serán las medidas específicas que podrían adoptarse tras la evaluación fiscal.