El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, insistió en la necesidad de recibir facultades legislativas para reorganizar el sistema penitenciario y combatir la criminalidad. “El perjudicado es el ciudadano común que va a ver que los mecanismos para mejorar la seguridad ciudadana se van a ver muy ralentizados”, sostuvo el titular de Justicia vía Latina.
Ante estas declaraciones, el diputado y vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, cuestionó que el ministro condicione las acciones del Ejecutivo a la aprobación del pedido de facultades.
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“Que el Gobierno no pretenda justificar su falta de eficacia en la lucha contra la inseguridad ciudadana excusándose en el pedido de facultades”, señaló por medio de sus redes sociales.
Durante la entrevista, el ministro explicó las dificultades que enfrenta su sector al interior de los penales y advirtió sobre la necesidad de redistribuir a los internos.
Señaló casos como el penal de Ancón 2, donde encontró a más de 500 reos por omisión a la asistencia familiar y a menores de edad que conviven con adultos pese a mantener medidas de jueces de familia y registrar alta peligrosidad. Asimismo, reportó hallazgos tras una requisa en Ancón 1.
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“Hemos encontrado, por ejemplo, 35 celulares, drogas y diversos armamentos considerados armas blancas, que prácticamente constituyen ya una línea permanente de acción de internos en los cuales no existe una disciplina, una autoridad permanente”.
Para enfrentar esta problemática, el titular de Justicia argumentó que se requieren decretos legislativos para evitar la burocracia y los requisitos que retrasan obras como la construcción de penales de baja peligrosidad. Según explicó, los trámites actuales pueden demorar más de un año, además de favorecer a los reos.
“Ellos pueden presentar [un] hábeas corpus para impedir el traslado, porque lo principal que hacen los reos de gran peligrosidad es trabajar con abogados especialistas en impedir los traslados”.
Consultado sobre el impacto de no recibir el respaldo del Congreso, Álvarez indicó que la gestión se vería afectada y que el ritmo de trabajo se reduciría.
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“Lo que podríamos hacer en un año, lo vamos a tener que hacer en dos o tres años. Entonces, la gestión se va a ver notoriamente afectada. (…) El perjudicado no es el gobierno, no es el ministro: el perjudicado es el ciudadano común”, sostuvo.
Incluso, calificó la posible negativa de la oposición como una medida basada en “emotividad política” o “mezquindad”, tras señalar que todos los gobiernos han recibido facultades delegadas.
“Durante todos los gobiernos, desde 1980, todos los gobiernos han tenido facultades delegadas, otorgadas por parlamentos, con mayoría adversa. Todos”.
Ante estos argumentos, el diputado Piñán rechazó sus declaraciones y exigió que las autoridades asuman su rol sin condiciones tras la ola de inseguridad que se vive en el país en el contexto del reciente asesinato de Susy Aponte, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash y también de Virgilio Asto García, candidato a regidor para las elecciones de autoridades municipales de centros poblados por el sector El Bosque.
“[El Estado tiene todas las herramientas legales y los recursos necesarios para actuar y cumplir con su responsabilidad”. Además, agregó que la población ha llegado a un límite frente a la delincuencia. “La ciudadanía no necesita más excusas ni anuncios: necesita resultados y acciones concretas frente a la delincuencia”.
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